A pesar de ser la principal economía ilícita en el Perú y mover aproximadamente diez veces más dinero que el narcotráfico, la lucha contra la minería ilegal recibe diez veces menos recursos del Estado para su interdicción. Especialistas advierten que el presupuesto destinado a la formalización minera incluso se ha reducido recientemente, mientras que la actividad ilegal continúa fortaleciéndose, impulsada por los altos precios de los metales.
Ante esta alarmante brecha, el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la PCM ha anunciado una nueva estrategia que busca recuperar las zonas afectadas mediante el desarrollo de "economías alternativas", tomando como referencia iniciativas de desarrollo fronterizo en Amazonas. Por su parte, representantes del sector minero formal y gremios como la SNMPE subrayan que, además de reforzar la seguridad en zonas críticas como Pataz, es fundamental mejorar la trazabilidad de los recursos y concentrar la fiscalización en las plantas procesadoras, ya que estas funcionan como cuellos de botella vitales para identificar y frenar el flujo de la minería no formalizada.
Fuente: Diario Gestión, pág. 13. 11 de marzo del 2026.